Este jueves tuvieron una jornada nacional de la ley de libre acceso a la información pública, en donde estuvieron participando personas de diferentes departamentos de la región, según lo dio a conocer la Licda. Cecilia Isabel Aguirre Auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos.
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Estuvieron presentes representantes de las municipalidades, organismo ejecutivo, Ministerio Público, organismo judicial, instituciones autónomas, en donde les estuvieron recordando que son sujetos obligados a otorgar la información pública de oficio y todo lo que la ley de acceso a la información pública ordena a todos los ciudadanos que así los soliciten.
Recordemos que, ellos pueden hacer sus peticiones de manera escrita, verbal, correo electrónico o por llamadas telefónica para ser entregada la información que se solicita, con excepciones que la ley tiene como la información sensible, de tal manera que son las instituciones las que otorgan este tipo de información.
Actualmente están supervisando los portales de las municipalidades del departamento de Jalapa, ha sido un tema muy sensible el tener actualizada esta información, debido que, se necesita que cada oficina de acceso a la información pública pueda recolectar toda la información de todas las oficinas, subirlas al portal y eso es lo que revisan para que ellos tengan al día toda la información que corresponde.
La información pública deben tenerla a mano para cuando los vecinos hagan esta petición. Como Procuraduría de los Derechos Humanos tienen la obligación de supervisar, pero también de ser garantes del fiel cumplimiento de esta ley de acceso a la información pública.
Este jueves estuvieron con funcionarios públicos, pero también tienen jornadas con ciudadanos y vecinos para mostrarles a ellos la ley y que conozcan el procedimiento para hacer las solicitudes e interponer las denuncias cuando sea necesario.
Muchas de las instituciones no tienen oficinas en cada una de sus instancias, las municipalidades si las tienen, pero esta ley es relativamente nueva y consideran que están en un porcentaje mínimo de aplicación, de conocimiento, pero es del conocimiento y la aplicación corresponde a las instituciones, si este porcentaje que es un 30 o 40 por ciento no se cumple, ya vienen la sanciones, los presuntos delitos y las posibles denuncias.
