Por qué la Presidencia del Parlamento Centroamericano está en batalla legal en Guatemala

El próximo 28 de octubre debe asumir la nueva Junta Directiva del Parlamento Centroamericano (Parlacén), pero la presidencia que ganó una representante de Guatemala fue impugnada en juzgados y cortes nacionales.

La elección del pleno centroamericano dejó como ganadora a la diputada Karla Gutiérrez, quien llegó al Parlacén en las pasadas elecciones del 2023 con la representación de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), partido político que ahora califica de “ilegítima” su elección, al asegurar que ella ya no forma parte de sus filas, y que desde el 3 de octubre notificaron de su situación a la institución.

La presidenta electa explicó que la UNE impugnó su elección al presentar una serie de documentos a la actual Junta Directiva del parlamento, acciones que fueron tramitadas para su conocimiento.

Pero Gutiérrez presentó un recurso de apelación interno, que fue sometido ante el pleno del Parlacén, que ratificó su elección como presidenta, cargo que ocupará del 2025 al 2026.

Después de esa decisión, la presidenta electa dijo que han sido notificados de algunos amparos, los cuales argumentan que por estar expulsada de la UNE no puede ejercer puestos en la directiva del parlamento.

“Esta organización política lo que dice es que, como se aplica el transfuguismo acá en Guatemala, pero a los diputados del Parlacén no nos aplica”, afirmó, y que por ser un órgano regional, no se puede regir por leyes nacionales.

Por su parte, la diputada del Congreso y la nueva secretaria general de la UNE, Lourdes Teresita de León, refuta ese argumento, al decir que como diputada al Parlacén le rigen las mismas reglas que los diputados del Organismo Legislativo, según los propios reglamentos y leyes del Parlacén.

“El tratado constitutivo del Parlacén hace relación a las inhabilidades de los diputados. Las incompatibilidades serán las mismas que establecen las respectivas legislaciones nacionales para el cargo de diputado”, señaló.

El argumento de De León expone que por ese artículo se puede aplicar la misma regla que ha impedido en la décima legislatura que diputados independientes opten a cargos en la directiva del Congreso de la República.

Hasta ahora las partes no han sido notificadas de las decisiones judiciales emitidas alrededor de los amparos, que buscan dejar sin efecto la elección que hizo el Parlamento para su próxima Junta Directiva.

“No proceden”

Para el abogado Edgar Ortiz, experto en derecho constitucional, las acciones legales en instancias nacionales contra decisiones del Parlacén no tienen competencia en juzgados, salas o cortes nacionales.

“Ni siquiera la Corte de Constitucionalidad puede conocer una acción de este tipo porque hablamos de cuestionar un tratado internacional, se rige por el derecho internacional”, explicó Ortiz.

El abogado y Gutiérrez coinciden en que si hubiese algún cuestionamiento relacionado al Parlacén, y no así por una elección de Junta Directiva, las posibles inconformidades se deberían presentar ante instancias internacionales, siendo una posible alternativa, la Corte Centroamericana de Justicia, con sede en Nicaragua.

De León indicó que no comparte los argumentos presentados por Ortiz y Gutiérrez, remarcando que aún no ha sido notificada del avance de las acciones legales presentadas.

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